La participación social

Uno de los principales retos de la planificación ambiental es el de conciliar los intereses, visiones, opiniones y actividades de múltiples actores sociales.

Una planificación que se impone a los actores sin consultarlos, no solamente suele ser motivo de conflicto, sino que además tiene muchas posibilidades de fracaso ya que, por lo regular, las acciones que se desprenden de ella requieren del concurso y la validación de todos los actores involucrados para su cabal cumplimiento.

La participación social, entendida como el proceso por el que las personas toman parte consciente en un espacio, posicionándose y sumando por sus iniciativas para el desarrollo de ciertas causas, está considerada como un requisito indispensable para reducir los conflictos emanados de la confrontación de intereses inherentes a la planeación ambiental.

La participación social se puede definir como el proceso mediante el cual las personas adquieren poder para movilizar sus capacidades, convertirse en actores sociales antes que en sujetos pasivos, manejar sus recursos, tomar decisiones y controlar las actividades que afectan a sus vidas.

La participación social es un proceso político, democrático e interpedagógico:

Es un proceso político porque los mecanismos de toma de decisiones incluyen a todos los actores sociales involucrados, incorporando y valorando en su real dimensión todas las posiciones, ideas y aportes.

Es un proceso democrático, porque crea condiciones para que la población organizada pueda hacer llegar su voz y sus propuestas a todos los niveles. De ser sujetos pasivos los involucrados se transforman en sujetos activos del desarrollo.

Es también un proceso interpedagógico porque, tanto planificadores como pobladores organizados, tienen mucho que aprender los unos de los otros. Este aprendizaje implica el intercambio de saberes y el respeto mutuo de valores y de culturas. Significa, explícitamente, considerar la importancia y el valor de los conocimientos, cultura y tecnologías locales en la construcción del desarrollo sostenible, al tiempo que obliga a la elaboración de códigos comunes del lenguaje y de conducta.

En los últimos años, el concepto de participación social se ha puesto de moda. Algunos gobiernos lo han institucionalizado incorporándolo como requisito básico para el desarrollo de los procesos de planificación. El uso retórico y demagógico que se le ha dado, así como la falta de acuerdo sobre su contenido y forma de operar, ha dado lugar a que muchas propuestas que en el papel son consideradas como “participativas” terminan siendo imposiciones veladas que a la larga fracasan.

Los procesos de planificación ambiental participativa no deben ser solamente una herramienta de análisis de la realidad de la cual se deriva un conjunto de acciones a cumplir por parte de una comunidad. Tampoco deben ser considerados como un simple requisito a cumplir.

Para que pueda enmarcarse dentro de los principios de sostenibilidad es necesario generar una participación transformadora que active procesos locales que posibiliten el empoderamiento y la creación de espacios de negociación a nivel comunitario e institucional.

Para hacerlo es necesario integrar metodologías participativas que consideren los diferentes espacios o escenarios, las formas de organización, las relaciones de poder, las propuestas políticas de los actores sociales, promoviendo el diálogo y contribuyendo a la construcción de conocimiento colectivo.

La incorporación de la participación social en el ámbito de la planificación ambiental no sólo tiende a estrechar los lazos entre población local y autoridades, sino que garantiza que las soluciones a las demandas y necesidades sean acordes con la realidad social, lo que suele traducirse en ahorro de recursos financieros, humanos y materiales. Asimismo, cuando una comunidad se hace responsable de su propio desarrollo, mejora sus capacidades de gestión, adquiere poder de negociación frente a las autoridades y asume la iniciativa para solucionar aquellos problemas que están dentro de sus posibilidades, privilegiando, ante todo, el bienestar general.